Progreso y Miseria

Los fundamentos de donde concluimos que el impuesto sobre el valor o renta de la tierra es el mejor método para obtener ingresos públicos, han sido tácita o expresamente admitidos por todos los economistas de mérito, desde que se determinó la índole y la ley de la renta.

Ricardo(1) dice: «Un impuesto sobre la renta afectaría solamente a la renta; recaería por completo sobre los propietarios y no se podría cargar sobre ninguna clase de consumidores» porque «dejaría inalterada la diferencia entre el producto obtenido de la tierra menos productiva entre las cultivadas y el obtenido de tierra de cualquier otra calidad… Un impuesto sobre la renta no desalentaría el cultivo de tierra nueva, pues esta tierra no paga renta y quedaría libre de impuestos».

McCulloch(2) declara que «desde un punto de vista práctico, los impuestos sobre la renta de la tierra figuran entre los más injustos e impolíticos que se puedan imaginar», pero afirma esto fundándose sólo en su suposición de que, en un país viejo y con muchas mejoras, es prácticamente imposible dividir el provecho en sus componentes o distinguir entre la suma pagada por el uso del suelo y la suma pagada por el capital invertido en él. Por otra parte, afirma que, si se efectuase esta distinción, «la suma pagada a los propietarios por el uso de los poderes naturales del suelo le podría sacar por completo mediante un impuesto, sin que aquéllos pudieran cargar sobre nadie más ninguna porción del gravamen» y sin afectar al precio del producto.

En efecto: que la renta debería ser objeto especial de la tributación, por razones de conveniencia y de justicia, está implícito en la admitida doctrina de la renta y se puede hallar en embrión en las obras de todos los economistas que han aceptado la ley de Ricardo. Que estos principios no se hayan llevado hasta sus ineludibles conclusiones, sin duda provienen del deseo de no amenazar ni ofender los enormes intereses implicados en la propiedad particular de la tierra, y también se debe a las falsas teorías que, respecto al salario y a la causa de la pobreza, han dominado en las ideas económicas.

Los Fisiócratas Franceses

Sin embargo, ha habido una escuela de economistas(3) que comprendieron claramente lo que es evidente para las percepciones naturales del hombre no ofuscadas por la costumbre, a saber, que la renta de la propiedad común, la tierra ha de ser incautada para el servicio de todos. Como que conozco las doctrinas de Quesnay* y sus discípulos solamente de segunda mano, por mediación de los escritores ingleses, no puedo decir hasta que punto sus ideas especiales respecto a que la agricultura sea la única ocupación productiva, etc., son concepciones erróneas o meras peculiaridades terminológicas. Pero si estoy seguro, por la proposición que daba cima a su teoría, que Quesnay vio la relación fundamental entre la tierra y el trabajo, más tarde olvidada, y que llegó a la verdad práctica, aunque quizás a través de un raciocinio mal expresado. Los fisiócratas no explicaban las causas que dejan un «producto neto» a los propietarios mejor que la succión de la bomba de agua se explicaba atribuyendo a la naturaleza el horror al vacío. Pero se reconoció el hecho en sus relaciones prácticas con la economía social y ellos vieron con igual claridad el bien que resultaría de la perfecta libertad otorgada a la producción y al comercio al poner un impuesto sobre la renta en substitución de las cargas que estorban y desvían la aplicación del trabajo. Una de las cosas más lamentables de la Revolución Francesa es que ahogó las ideas de los fisiócratas precisamente cuando ganaban fuerza entre las clases pensadoras y, al parecer, iban a influir en la legislación tributaria.

Separación del Valor de la Tierra

La única objeción al impuesto sobre el valor de la tierra, que se encuentra en las obras de Economía Política reconoce sus ventajas. Dice que, por la dificultad de separar el valor de la tierra del valor de las mejoras, al gravar la renta de la tierra, podemos gravar otras cosas. McCulloch, por ejemplo, declara que los impuestos sobre la renta de la tierra son impolíticos e injustos, porque el producto recibido por los poderes naturales e inherentes no puede distinguirse claramente del producto de los perfeccionamientos y mejoras, lo cual desalentaría éstas. Si se desanima la producción al gravar valores que el trabajo y el capital han confundido íntimamente con al valor de la tierra, ¿cuánto mayor desaliento no implica el gravar, no solo éstos, sino todos los valores claramente separables creados por el trabajo y el capital? (4)

Pero, de hecho, el valor de la tierra siempre se puede distinguir del valor de las mejoras. En paises como los Estados Unidos hay mucha tierra valiosa que nunca se ha mejorado; y en muchos de los Estados, los tasadores suelen evaluar por separado la tierra y las mejoras, aunque luego las agrupan con el nombre de bienes raíces. A menudo la tierra pertenece a una persona y las construcciones a otra. Y cuando hay un incendio y las mejoras quedan destruidas, le queda a la tierra un valor perfectamente definido. En el país más antiguo del mundo, esta valoración no ofrece dificultad, si todo lo que se intenta es separar el valor de las mejoras claramente distinguibles, hechas dentro de un moderado período de tiempo, del valor que tendría la tierra si éstas fuesen destruidas. Esto es, ciertamente, todo lo que la justicia o la política requieren. La exactitud absoluta es imposible en cualquier sistema y pretender separar de todo lo hecho por la raza humana, todos los dones originales de la naturaleza, sería tan absurdo como impracticable. Un pantano desecado o una colina terraplenada por los romanos constituye ahora para las Islas Británicas una ventaja tan natural como si fueran obra de un terremoto o un glaciar. El hecho de que, pasado un cierto tiempo, el valor de estas mejoras permanentes se considere incorporado al de la tierra y según esto pague impuesto, no puede tener un efecto desalentador sobre dichas mejoras. Lo cierto es que cada generación construye y mejora para sí misma y no para el remoto porvenir.

Actitud de las Partes Interesadas

Se puede, sin embargo, preguntar: si el impuesto sobre el valor de la tierra es un sistema tributario tan ventajoso, ¿por qué todos los gobiernos recurren de preferencia a tantos otros impuestos?

La respuesta es obvia: el impuesto sobre el valor de la tierra recae sobre los propietarios y no hay manera de que ellos puedan cargarlo a los demás. De aquí que una clase extensa y poderosa esté directamente interesada en subyugar el impuesto sobre el valor de la tierra y, como medio para obtener los ingresos públicos necesarios, substituirlo, con impuestos sobre otras cosas, del mismo modo que, en el siglo XVIII, los terratenientes ingleses lograron establecer sobre las bebidas un tributo que receía sobre todos los consumidores, en vez de los tributos por tenencia feudal, que únicamente recaían sobre ellos.

Hay, pues, un interés definito y poderoso contrario al impuesto sobre el valor de la tierra. Pero los otros impuestos, en los que tanto confían los gobernantes modernos, ho hallan especial oposición. Los hombres de estado se han ingeniado en discurrir sistemas de impuestos que exprimen los salarios del trabajo y el interés del capital. Casi todos estos impuestos los paga en definitiva el consumidor; y los paga de un modo que no le llama la atención sobre el hecho; los paga en porciones tan pequeñas y de maneras tan insidiosas que no lo advierte y no es probable que se tome la molestia de protestar eficazmente. Los que pagan el dinero directamente al recaudador, no sólo no tienen empeño en oponerse a impuestos que tan fácilmente se descargan de sus propios hombros, sino que, muy a menudo, están interesados en que se impongan y subsistan, como lo están otros que se aprovechan o esperan aprovecharse del aumento de precios causado por dichos impuestos. Los impuestos por los permisos hallan el apoyo de aquéllos a quienes se cargan, porque tienden a impedir que otros entren en el negocio. Con frecuencia, los impuestos sobre la fabricación son gratos a los grandes fabricantes, por análogas razones. Los derechos de aduanas de la importación, no sólo tienden a dar ventajas especiales a ciertos productores, sino que aumentan los beneficios de los importadores o traficantes que dispongan de grandes existencias. Y así, para todos estos impuestos hay intereses particulares, capaces de organizarse pronto y actuar de acuerdo, que favorecen la imposición de los mismos, mientras que, ante un impuesto sobre el valor de la tierra, hay un interés fuerte y susceptible, dispuesto a oponérsele con rudeza y tesón.

(1) Principios de Economia Política Y tributación, capitulo 10.

(2) Nota n.- 24 de las «Notas y disertaciones suplementarias» en su edición de 1838 de La Riqueza de las Naciones, de Adam Smith.

(3) Los Economistas franceses (Fisiócratas*) del siglo XVIII.

(4) Esta pretendida dificultad solamente puede aplicarse al gasto en mejoras, tales como abonos, drenajes, explanaciones, terraplenes y puesta en cultivo, que se confunden con la tierra y, por lo tanto, no las admite fácilmente el tasador encargado de señalar, el valor que la tierra tendría en el supuesto de no haber ninguna construcción ni mejora sobre ella o en ella. Eximir las mejoras que se incorporan a la tierra es lo habitual en la legislación de varios paises en que ya se aplica en cierto grado el impuesto sobre el valor de la tierra. Por ejemplo, en Dinamarca se ordena esta exención, previa prueba del gasto efectuado, marcándose, no obstante, un plazo de treinta años, después del cual se considera que el gasto ya ha sido recuperado. De efecto análogo son las disposiciones de la ley británica por las cuales, al transferirse o venderse tierra agrícola, se indemniza a sus ocupantes por el valor que queda de las mejoras hechas a su cargo mientras la ocupaban. A.W.M.